Tesis (Maestría en Derecho Constitucional y Procesalo Constitucional -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Baní, República Dominicana, 2020. .

Agradecimientos 2 -- Dedicatorias 3 -- Introducción 6 -- CAPITULO I: Aspectos Introductorios 8 -- 1.1 Justificación 8 -- 1.2 Planteamiento del problema 9 -- 1.3 Formulación del problema 10 1.4 Objetivos de la investigación 10 -- 1.4.1 Objetivos general 10 -- 1.4.2 Objetivos especificos 11 --1.5 Sistema de hipótesis 11 -- 16.1 Límites y Alcance de la Investigación 11 -- 1.6.1 Límites temporal 11 -- 1.6.2 Limitación territorial 11 -- 1.6.3 Delimitación Sustantiva o Normativa 11 -- CAPITULO II: Marco Teórico Conceptual y Referencial 11 -- 2.1 Antecedentes de la investigación 12 -- 2.1.1 Antecedentes histórico del debido proceso 12 -- 2.12 Antecedente a nivel internacional 13 -- 2.3 Aspectos legalegales 18 -- 2.4 Definición de términos 19 -- CAPITULO III: Marco Metodológico 33 -- 3.2 Diseño de la investigación 33 3.3 Población -- 34 -- 3.4 Muestra 35 -- 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 35 -- 3.6 Validez y confiabilidad 35 -- 3.7 Técnicas de Procedimiento y Análisis de datos -- 35 -- CAPITULO IV: Analisis y Presentación de los Resultados 35-43 -- 4.1.2 de las encuesta realizadas a los abogados defensores públicos del distritro judicial de San Cristobal 36 -- 4.3 Análisis y presentación de los resultados de las encuestas realizadas a los Procuradores y Ficales de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristobal 40 -- CAPITULO V: Aspectos Finales de la Investigación 45 -- 5.1 Conclusión 44 -- 5.2 Recomendación 45 -- 6.1 Referencias Bibliográficas 46 --

La presente investigación surge a raíz de la dificultades sanitaria que comenzó a experimental la República Dominicana por la llegada de la pandemia del COVID-19, el primero de marzo del año 2019, cuando afectaba parte del mundo. Esta situación llevó al Poder Ejecutivo de ese momento a solicitar al Congreso la declaración de Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.
Es el 19 de marzo 2020 se oronuncia el poder ejecutivo mediante el decreto 134-20 declaró al pais en Estado de Emergencia, por un espacio de 25 dias, a su vez la promulgacion trae consigo una serie de medidas con la intención de evitar la propagación del COVID-19, como es el caso de la suspensión de algunos derechos fundamentales como es la libertad de reunión y la libertad de asociación.
Las actuaciones de las autoridades competentes del organo investigador y persecutor del Ministerio Público con los privados de libertad durante el toque de queda, nos invitó a reflexionar, ya que la Constitución y las leyes no tipifican el toque de que como un delito.